Como saben los lectores, entendemos por ética la reflexión racional sobre la acción humana desde el punto de vista del bien o del mal. Y por política, en su sentido etimológico, lo relacionado con la “polis” (ciudad, en griego) y la consecución del bien común para la colectividad. Es importante delimitar bien la terminología que empleamos para no dar lugar a confusiones: algo, desgraciadamente, tan común hoy en día por el vaciamiento de sentido del lenguaje. Estas precisiones, además, nos ayudarán en el análisis que a renglón seguido abordaré.

Posteriormente a la Guerra Civil se produjo en España un maridaje entre política y religión que se etiquetó como nacionalcatolicismo. Más que una ética lo que imperaba en los comportamientos personales y sociales era una moral (mors, moris: costumbres, normas) en este caso fruto de la cosmovisión católica. Y el modelo político fue el resultante de un entorno geopolítico determinado y de un contexto histórico nacional incoado antes de 1936, que explotó cruelmente durante el conflicto bélico y se desarrolló, en una de las versiones en liza, en la postguerra y el posterior régimen socio-político.

Finalizada esta etapa, y a la sombra de la amenaza del regreso de la confrontación de las llamadas “dos Españas”, tuvo lugar la Transición, cuyo máximo exponente fue el marco constitucional aprobado hace ahora cuarenta años. Fue un proceso de reconciliación nacional, de pactos, de acuerdos y de consensos. Todo ello bajo la impronta de sensibilidades muy dispares, aglutinadas, amalgamadas, por el deseo de paz, de concordia y de mirar al futuro y dejar atrás el pasado. Fruto de este nuevo escenario, y precedido por el Concilio Vaticano II -que apostó por la autonomía de las realidades temporales y la libertad de conciencia- surgió un nuevo panorama sociológico: ya no sustentado por la moral católica ni por un estado confesional, sino plural y diverso.

En este contexto, hace aparición la necesaria sustitución de los valores vigentes hasta aquél entonces por los mismos u otros -pero fundamentados ya no en convicciones religiosas o tradicionales (también posiblemente razonables o razonados)- sino por una reflexión ética que facilitara el encontrar puntos axiológicos en común para fundamentar la convivencia. Es decir, se hizo preciso lo que se dio en llamar una “ética civil” a partir de la cual edificar el futuro social y político (en la acepción descrita del término) de nuestro país.

Esta nueva ética de mínimos (como un mínimo denominador común, compartido) no excluía, ni tiene porqué hacerlo, la tradición moral anterior (cristiana), sino que debe hacer converger lo mejor de cada sensibilidad en una sinergia que potencie y aúne la pluralidad  y lo diverso. En este sentido, los católicos españoles también aportaron mucho en la evolución de la Transición política y es de justicia reconocerlo, ignorarlo un grave error. El nuevo marco de valores constitucionales, de derechos y de garantías jurídicas no fue ajeno a los denodados esfuerzos tanto de la jerarquía como de los políticos católicos. Por lo tanto, no cabe contraponer la nueva ética sociopolítica iniciada con la Constitución con la moral anteriormente vigente que supo, en buena parte, adaptarse al nuevo momento histórico.

Pero no podemos quedarnos en la Historia ni en la reivindicación legítima del pasado. La gran cuestión es qué ética civil rige la sociedad española en estos momentos: ¿hemos logrado elaborarla e interiorizarla? ¿hemos conseguido confluir en valores comunes que nos permitan convivir y mirar al futuro con esperanza? Pareciera como que a los españoles nos hubiera costado construir una ética social racional, y por lo tanto aceptable por todos, al menos teóricamente, y nos siguiésemos dejando llevar más por la/s ideologías que por el debate reflexivo y constructivo. Quizá continuamos condicionados por el apasionamento propio de los países mediterráneos y no hemos alcanzado, a la vez que un consenso político en torno a la democracia y la Constitución, un gran acuerdo social en torno a los pilares éticos que pueden sustentar la nación (“un proyecto sugestivo de vida en común”, como afirmaba Ortega y Gasset).

Es cierto que las últimas décadas han sido el tiempo de la postmodernidad y del debilitamiento del poder de la razón, la era del “pensamiento débil”, y que algunos autores, como el filósofo A. MacIntyre y los comunitaristas, han apostado por la vigencia de las corrientes intelectuales y tradiciones culturales particulares –ante la “inconmensurabilidad” de las diferentes posturas y puntos de partida en los debates cruciales (antropológicos, sociales, políticos, etc)- pero también lo es el que, más allá de la diversidad ideológica, muchos países están sustentados por coordenadas cívicas compartidas que facilitan los acuerdos básicos y fomentan la paz social.

En España, precisamente, estos aspectos han comenzado a resquebrajarse en cuanto algunas minorías, élites con capacidad de influencia, han iniciado una labor de desautorización o impugnación del pacto constitucional de 1978. Son minorías puesto que entre la población española se da un apoyo masivo al marco legal del que celebramos cuarenta años de su aprobación en referéndum. ¿Qué ha fallado entonces, qué ha podido ocurrir? A mi modesto entender, lo que se ha larvado a través de los años y de las circunstancias es un olvido parcial de la tan necesaria tarea de reconciliación entre españoles, un deber constante y a renovar –continuadamente y con esfuerzo- en cada generación.

La sustitución de este deber ético nuclear, objetivo perfectamente compartible desde cualquier postura ideológica verdaderamente humanista, y fundamento de cualquier ética cívica y de mínimos, por la confrontación y el retroceso  hacia el resentimiento y la demonización del adversario intelectual o político –que no enemigo- es en buena parte la clave de la actual situación de crisis y anomia (falta de normas) moral que vivimos. Durante muchos años, y aún hoy, nos ha acechado la corrupción sobre todo en el ámbito de lo material: el enriquecimiento fácil, el hedonismo craso, la ostentación, los abusos de poder, etc. Pero de unos años a esta parte nos amenaza una corrupción si cabe aún peor: la moral, la de querer arrojar sobre los otros la exclusión, el reproche frontal, la condena sectaria y sin matices…y el cultivo de nuevas idolatrías perniciosas, que como todo culto idolátrico, ha de sacrificar víctimas en sus nuevos altares, ofreciendo en no pocas ocasiones la dignidad de las personas como ofrendas a los nuevos dioses.

Pues bien, el aniversario de la Constitución española debiera conducirnos a recordar los motivos fundamentales por los que fue pactada, a renovar las motivaciones y los valores que dieron lugar a su elaboración y posterior aprobación masiva, y a defender el gran pacto social y ético que supuso de acuerdo y olvido de afrentas mutuas. Que haya corrientes ideológicas disconformes y reivindicativas de un cierto revisionismo no es de extrañar pues esa posición ya existió a mediados de los setenta y trató de obstaculizar (tal y como se produjo) el proceso democratizador que tuvo lugar. Lo que ocurrió es que se impuso la voluntad de concordia incluso en los sectores que más podían sentirse damnificados.

Esta es, me parece, la tarea imperativa de todo ciudadano de bien y máxime de los católicos actuales, herederos de los que contribuyeron enormemente en la Transición política: desde una ética civil, desde la reflexión racional, contribuir a la renovada reconciliación nacional, a la superación de los resentimientos y odios históricos, a la búsqueda de puntos en común y, en definitiva, al olvido de dinámicas de confrontación que, apoyadas en afrentas reales o imaginadas pero completamente anacrónicas, puedan servir para de nuevo abrir cajas de Pandora que, afortunadamente, la Historia se encargó de cerrar con siete llaves a los ojos de la inmensa mayoría de la población española.

Gabriel Alonso

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